El Nacional
El Departamento de Estado de Estados Unidos sostuvo que la corrupción de los aparatos judiciales y abusos cometidos por las fuerzas de seguridad lastran los derechos humanos en República Dominicana.
Citando el Informe de Derechos Humanos del Gobierno de Estados Unidos correspondiente a 2008, titulado Corrupción y Transparencia Gubernamental, dice que en la República Dominicana durante ese período no se aplicó la ley efectivamente y hubo funcionarios involucrados en práctica de corrupción con impunidad.
Según una traducción no oficial de dicho informe, suministrada por la embajada de Estados Unidos en Santo Domingo, destaca que la ley dispone de penalidades criminales contra la corrupción, sin embargo, el gobierno no aplicó.
Refiere que los indicadores de gobernabilidad en todo el mundo emitidos por el Banco Mundial, notaron que la corrupción gubernamental fue un problema serio en el país.
Según el Departamento de Estado, aunque la ley dominicana ampara la práctica totalidad de los derechos fundamentales, existen reportes de organizaciones gubernamentales y locales que ponen en duda el cumplimiento efectivo de esa legislación.
“Las numerosas carencias en la supervisión y la formación” en los sistemas judiciales y correccionales conducen a problemas que van desde “prácticas de tortura, palizas y abusos físicos a detenidos y prisioneros” hasta asesinatos ilegales por parte de las fuerzas de seguridad”, se añade.
No obstante, el informe aplaude que no se hayan registrado desapariciones, pero sostiene que sí hay numerosos reportes que certifican la persistencia de detenciones arbitrarias y sobre malas condiciones de las cárceles, así como la falta de respeto a los derechos básicos de los presos.
Expone que la discriminación racial, particularmente contra los inmigrantes haitianos y sus descendientes, continuó siendo un problema, al igual que las violaciones y la violencia doméstica contra las mujeres.
Refiere además, que el abuso físico y psicológico de los niños, el uso clandestino de mano de obra infantil y la escasa protección de los derechos laborales fundamentales, persistió en República Dominicana el pasado año.
No obstante, en el Informe del Departamento de Estado se reconoce que ha habido mejoras, con excepciones, en el respeto a la libertad de prensa, de asociación, agrupación y transparencia democrática, “puesto que las elecciones presidenciales de mayo de 2008 se desarrollaron, según los observadores internacionales, de forma libre y justa.
El referido informe que elabora anualmente el Departamento de Estado estadounidense sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, fue entregado ayer al Congreso de esa nación.
“A pesar de que se han registrados algunos avances y las autoridades civiles dominicanas mantienen, en general, un control efectivo de las fuerzas de seguridad, persisten numerosos problemas”, se expone en el documento.
Destaca los asesinatos ilegales por parte de miembros de la Policía y su participación en secuestros, la ineficiencia de las medidas contra el crimen organizado, los arrestos y matanzas arbitrarias y las pobres condiciones en las cárceles.
En lo referente a la corrupción, sostiene que es severa en todos los ámbitos del Gobierno.
En cuanto a la Comisión de Ética y la Lucha contra la Corrupción, nombrada por el Presidente de la República, señala que continuó operando, aunque con muy poco o nada de impacto, ya que carece de autoridades y estructuras de toma de decisiones bien definidas.
Cita que la Procuraduría General de la República removió a tres fiscales en Baní por su presunta participación en un caso relacionado con la matanza de siete presuntos traficantes de drogas, y arrestó a varios oficiales navales y a un exoficial de la Policía.
También cita los procedimientos judiciales relacionados al colapso bancario fraudulento de 2003 del Baninter que encontró culpable a tres de cuatro imputados.
Refiere que además de las multas, la corte condenó a tres acusados a 10 años de prisión y al cuarto a cinco , pero que comentaristas de la sociedad civil consideraron el juicio como el mayor reto contra la impunidad.